El Mapama prepara, tras escuchar a las organizaciones representativas y CCAA, el Real Decreto sobre autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para 2018, es decir, el máximo de hectáreas que España podrá plantar
Según fuentes del sector vitivinícola, que se reunía la semana pasada con responsables del Departamento, está previsto que el Ministerio les envíe la última semana de noviembre un borrador de Real Decreto para posibles alegaciones y que el 15 de diciembre se publique en el BOE.
La reglamentación de la Unión Europea (UE) establece que los Estados deben ofrecer cada año, en concepto de nuevas superficies de viñedo, el 1 % a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior, según ha recordado el Ministerio.
Pero, al tiempo, la norma introduce la posibilidad de reducir ese porcentaje si se justifica la necesidad de evitar un riesgo demostrado de oferta excesiva de productos en relación con las perspectivas y evolución del mercado.
La FEV, Asaja, COAG y UPA coinciden en defender que se mantenga un status quo similar al del año pasado, mientras que las patronales del mosto, del vinagre y los destiladores de alcohol, y la Asociación Empresarial Vinos de España (AEVE) piden alcanzar al 1 %, informan las fuentes.
Federación Española del Vino
Según la Federación Española del Vino (FEV), «no vemos problema en que se apruebe una cantidad similar a la del año pasado si hay consenso, pero tampoco nos hubiera importado una cantidad mayor». En cualquier caso, «lo que sigue siendo fundamental para nosotros, es que se modifiquen los criterios de prioridad para que también las bodegas puedan acceder a nuevas plantaciones».
Consejos reguladores
El coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), Jesús Mora, recuerda que este sector -que adhiere a 52 Denominaciones, 3.607 bodegas y 111.583 viticultores- pide que se mantenga en el 0,5 % el límite para 2018 (en 2017 fue del 0,52 %) o un ligero alza del citado porcentaje.
Mora aplaude la línea de «prudencia» del Ministerio durante los dos años de vida de este nuevo sistema que se aplica al viñedo -el de autorizaciones, que sustituye al viejo régimen de derechos de plantaciones- para promover un crecimiento ordenado; y valora la capacidad que se da a las DO para establecer criterios en sus zonas.
El sistema de autorizaciones actualmente vigente será más útil «cuanta más capacidad de decisión» se deje a las regiones para decidir en sus territorios y, así, que puedan elegir qué puntuación asignan a cada criterio de prioridad, lo que ahora determina el Estado, excepto en lo que se refiere a pequeñas y medianas explotaciones, que sí lo determinan las comunidades actualmente.
Cooperativas
Para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, «no se trata de plantar por plantar», pero «hay zonas del país donde se puede crecer y otras donde no es necesario».
Villafranca explica que no hay una posición unánime entre las cooperativas, ya que en las regiones del norte de España se apuesta por una continuidad en las autorizaciones respecto a los dos años anteriores (0,42-0,50 %) y cooperativas de Extremadura, La Mancha y Comunidad Valenciana creen que se podría llegar hasta el 1 %.
Sindicatos
El responsable sectorial de Asaja, José Ugarrio, defiende el 0,5 % porque «el 1 % sería excesivo», y matiza que, aunque ahora hay sequía y producción baja e incertidumbres sobre el cambio climático, las decisiones que se adopten repercutirán en la producción futura.
El responsable del sector vitivinícola de COAG, Joaquín Vizcaíno, también apunta que para 2018 no se vaya más allá del 0,5 %, lo que se traduciría en alrededor de 5.000 hectáreas, según sus cálculos.
El responsable de UPA, Alejandro García Gasco coincide en reclamar el 0,50 %, manteniendo así los niveles del año pasado. Recuerda que sólo Alemania y España optan por no llegar al 1 % que permite la UE como máximo, mientras que grandes productores como Francia o Italia apuestan por llegar a este techo.
